El estado prostituido y el individuo soberano

 

El Partenón: donde nació la idea de que el poder pertenece a los ciudadanos.

Reflexiones sobre la corrupción sistémica, la falsa democracia y el futuro de la libertad

José Manuel Fernández Outeiral

Este artículo actualiza y amplía reflexiones publicadas anteriormente en este blog sobre democracia, libertad individual, corrupción sistémica y soberanía ciudadana:

El Estado prostituido y el individuo degradado

El paradigma de Lasswell

Democracia usurpada: justicia y poder en la España actual

Falsa democracia, verdadera injusticia: ocaso de Europa y España

Por primera vez en nuestra historia democrática reciente, un expresidente del Gobierno se encuentra bajo investigación judicial por presuntos delitos de extraordinaria gravedad. Ignoro cuál será el desenlace final de los procedimientos abiertos y corresponde exclusivamente a los tribunales determinar responsabilidades y dictar sentencia. Pero el simple hecho de que una situación semejante haya llegado a producirse constituye ya una acusación moral contra nuestro sistema político y contra nuestra propia pasividad como ciudadanos.

No se trata únicamente de una persona concreta. Ni siquiera de un partido concreto. Se trata de nosotros. De la sociedad que hemos construido y de los mecanismos de control que hemos permitido deteriorarse hasta extremos que hace apenas unas décadas habrían parecido inconcebibles. Cuando un sistema político llega al punto de sentar bajo sospecha a quienes ocuparon las más altas responsabilidades del Estado, el problema deja de ser individual para convertirse en institucional. Y cuando los ciudadanos contemplan estos acontecimientos con resignación, indiferencia o simple cansancio, el problema deja de ser institucional para convertirse también en moral.

Durante demasiado tiempo hemos actuado como espectadores de nuestra propia democracia. Hemos delegado responsabilidades que nunca debimos delegar, hemos tolerado abusos que jamás debieron normalizarse y hemos confundido la participación política con el simple acto de depositar una papeleta en una urna cada cuatro años. Tal vez por eso hemos llegado hasta aquí. Porque ningún sistema degenera de la noche a la mañana. Toda decadencia es el resultado de innumerables renuncias pequeñas, de silencios acumulados y de una ciudadanía que, poco a poco, deja de ejercer la vigilancia que toda democracia necesita para sobrevivir.

Hace algunos años publiqué en este mismo blog diversos artículos dedicados a reflexionar sobre la degradación de nuestras instituciones, la corrupción política, la partitocracia y el progresivo vaciamiento de la democracia. Entonces, muchos consideraban exageradas aquellas preocupaciones. Hoy, sin embargo, la realidad parece haber corrido más deprisa que cualquier advertencia. Lo que entonces eran síntomas dispersos se ha convertido en una enfermedad visible. Lo que parecía una anomalía se ha transformado en costumbre. Y lo que algunos denunciábamos como una amenaza para la libertad y la dignidad humanas aparece ahora ante millones de personas como una evidencia cotidiana.

No recuerdo un momento de nuestra historia reciente en el que la distancia entre gobernantes y gobernados haya sido tan profunda. Tampoco recuerdo una época en la que la desconfianza hacia la política, la justicia, los medios de comunicación y gran parte de las instituciones públicas alcanzase niveles semejantes. Lo más inquietante no es la corrupción, que siempre ha acompañado al ser humano desde los albores de la civilización. Lo verdaderamente alarmante es la normalidad con la que convivimos con ella. Nos hemos acostumbrado a contemplar el abuso, el nepotismo, la mentira, el clientelismo y la utilización partidista de las instituciones como si fueran fenómenos inevitables de la naturaleza, tan imposibles de corregir como la lluvia o las mareas.

La corrupción ha dejado de percibirse como una desviación excepcional para convertirse en parte del paisaje. Cambian las siglas, cambian los gobiernos, cambian los discursos y los rostros que ocupan los ministerios, pero el mecanismo permanece intacto. Cada escándalo sustituye al anterior antes de que el anterior haya sido siquiera esclarecido. La indignación pública dura exactamente lo que tarda en aparecer una noticia nueva. Después llega el olvido, y con él la impunidad. El sistema absorbe los golpes, digiere las críticas y continúa funcionando exactamente igual que antes.

Lo más preocupante no es la existencia de corruptos. Los ha habido siempre y los habrá mientras exista la naturaleza humana. Lo verdaderamente alarmante es que los mecanismos destinados a detectarlos, perseguirlos y apartarlos del poder parezcan deteriorarse al mismo ritmo que la propia corrupción. Cuando los escándalos afectan de manera recurrente a gobiernos, partidos, sindicatos, organismos públicos e instituciones llamadas a vigilarlos, dejamos de hablar de conductas individuales para entrar en el terreno mucho más peligroso de la corrupción sistémica.

Sin embargo, sería un error atribuir toda la responsabilidad a quienes ocupan los despachos oficiales. El verdadero problema no es únicamente el Estado prostituido. El problema es también el individuo degradado que ha permitido su existencia. Ningún poder puede convertirse en tiránico sin una ciudadanía previamente debilitada. Ninguna oligarquía puede consolidarse sin una población resignada. Ninguna corrupción llega a ser sistémica mientras existan suficientes hombres y mujeres dispuestos a señalarla, denunciarla y combatirla.

Durante décadas hemos delegado nuestra responsabilidad política en organizaciones que nacieron para representarnos y terminaron representándose principalmente a sí mismas. Hemos confundido participación con voto. Ciudadanía con obediencia. Democracia con propaganda electoral. Hemos entregado parcelas crecientes de nuestra libertad a cambio de promesas de seguridad, bienestar, igualdad o protección, sin comprender que la libertad entregada rara vez regresa por iniciativa de quienes la administran.

La democracia contemporánea conserva todavía sus ceremonias, sus símbolos y sus rituales. Conserva elecciones periódicas, parlamentos, constituciones y declaraciones solemnes sobre la soberanía popular. Pero una democracia puede conservar intactas todas sus formas externas y haber perdido completamente su espíritu. De hecho, así han muerto muchas democracias a lo largo de la historia: no mediante golpes espectaculares ni invasiones militares, sino mediante un lento proceso de vaciamiento interior. La fachada permanece. El contenido desaparece.

Los parlamentos, concebidos para representar la pluralidad de la nación y servir como espacios de deliberación libre, han terminado convertidos en demasiadas ocasiones en simples cámaras de resonancia de las direcciones partidistas. Rara vez escuchamos en ellos el eco de una conciencia independiente. Lo habitual es contemplar filas disciplinadas de representantes que votan obedeciendo consignas previamente decididas fuera de los propios parlamentos. El diputado ya no representa al ciudadano; representa al aparato que confeccionó la lista electoral de la que depende su futuro político. La lealtad al partido ha sustituido progresivamente a la lealtad al elector. Y cuando la obediencia se convierte en la principal virtud política, la inteligencia, la independencia y el sentido crítico pasan a ser cualidades incómodas.

El mismo fenómeno se reproduce en gran parte de las instituciones llamadas a ejercer funciones de control. Organismos concebidos para garantizar el equilibrio entre poderes son repartidos mediante acuerdos de cuotas que la ciudadanía contempla con creciente estupor. Lo que debería inspirar confianza inspira sospecha. Lo que debería actuar con independencia aparece ligado a compromisos políticos previos. El resultado es devastador. No porque todas las decisiones sean necesariamente injustas, sino porque desaparece la confianza en su imparcialidad. Y una sociedad que deja de confiar en la imparcialidad de sus instituciones comienza a descomponerse por dentro.

La situación resulta especialmente preocupante en el ámbito judicial. La igualdad ante la ley constituye el fundamento más elemental de cualquier sociedad civilizada. Sin embargo, miles de cargos públicos disfrutan de privilegios procesales incompatibles con ese principio. Los aforamientos, concebidos en origen como una protección excepcional, se han transformado en una manifestación visible de desigualdad jurídica. Quien ostenta poder político dispone de mecanismos de protección que no existen para el ciudadano común. Y cuando la ley deja de aplicarse de la misma forma a todos, deja de ser verdaderamente ley para convertirse en privilegio.

Tampoco los medios de comunicación han escapado a esta degradación. Su misión debería consistir en fiscalizar al poder, denunciar abusos y ofrecer a los ciudadanos la información necesaria para formar sus propios juicios. Sin embargo, una parte significativa de ellos, especialmente los que financiamos con nuestros impuestos, parecen haber abandonado esa función esencial para convertirse en actores políticos. La información deja paso al relato. El análisis es sustituido por la consigna. La crítica se aplica con severidad a unos y con indulgencia a otros. El resultado es una ciudadanía atrapada entre versiones incompatibles de la realidad, incapaz muchas veces de distinguir entre información, propaganda y entretenimiento. Cuando los medios dejan de servir a la verdad para servir a intereses ideológicos, económicos o partidistas, dejan de actuar como contrapoder y pasan a formar parte del propio poder.

Harold Lasswell explicó hace casi un siglo que la propaganda constituye uno de los instrumentos más eficaces para moldear la conducta colectiva. Su reflexión conserva plena vigencia. La manipulación moderna rara vez adopta formas burdas o explícitas. No necesita prohibir determinadas opiniones. Le basta con invisibilizarlas. No necesita imponer una única interpretación de los hechos. Le basta con repetir constantemente ciertas narrativas hasta convertirlas en verdades indiscutidas. Quien controla el flujo de información termina influyendo sobre la percepción de la realidad. Y quien controla la percepción de la realidad ejerce una forma de poder mucho más profunda que la simple coacción física.

Mientras tanto, la burocracia continúa creciendo con una vitalidad que contrasta con la decadencia de otras instituciones. Nuevos organismos aparecen constantemente. Nuevas regulaciones se suman cada año a las ya existentes. Nuevos procedimientos administrativos envuelven aspectos cada vez más amplios de la vida cotidiana. Todo ello suele justificarse mediante nobles objetivos: la seguridad, la eficiencia, la sostenibilidad, la transparencia o el progreso. Sin embargo, el resultado práctico acostumbra a ser el mismo: una creciente complejidad que aleja al ciudadano de las decisiones que afectan a su existencia y multiplica los espacios de intervención de quienes administran el aparato público.

John Stuart Mill advirtió hace más de siglo y medio que la amenaza más peligrosa para la libertad no procedía necesariamente del gobernante, sino de la presión creciente de la mayoría, de la masa organizada y de la opinión dominante. Temía una sociedad que terminase sofocando la individualidad bajo el peso de la uniformidad colectiva. Hoy contemplamos precisamente ese fenómeno. La diversidad se celebra en los discursos mientras se castiga en el pensamiento. Se acepta la diferencia superficial, pero se combate con extraordinaria agresividad cualquier discrepancia profunda respecto al relato dominante. La sociedad parece cada vez más inclinada a producir individuos semejantes, previsibles y obedientes, antes que ciudadanos libres, críticos y responsables.

La libertad nunca ha consistido en pensar lo mismo que los demás. La libertad consiste precisamente en conservar el derecho a pensar diferente. Consiste en preservar la posibilidad de disentir. Consiste en defender la conciencia individual frente a la presión de la multitud, del gobierno, de los partidos, de los medios y de cualquier otra forma de poder organizado.

Por eso resulta tan preocupante la creciente tendencia a sacrificar la libertad en nombre de otros valores aparentemente superiores. Se invoca la igualdad para justificar nuevas formas de control. Se invoca la seguridad para restringir derechos fundamentales. Se invoca el progreso para aumentar la intervención sobre la vida de los ciudadanos. Sin embargo, la historia demuestra que toda concentración excesiva de poder termina siendo utilizada contra aquellos mismos individuos en cuyo nombre fue inicialmente creada.

La única igualdad verdaderamente compatible con la libertad es la igualdad ante la ley. No existe ni puede existir una igualdad absoluta entre los seres humanos. Somos diferentes por naturaleza. Diferentes en capacidades, talentos, aspiraciones, vocaciones y experiencias. Esa diversidad constituye precisamente la riqueza de la condición humana. Pretender eliminarla mediante ingeniería política o social conduce inevitablemente a formas más o menos sofisticadas de tiranía. La libertad y la uniformidad son incompatibles.

Es precisamente esa diversidad irrepetible la que sitúa al individuo en el centro de cualquier sociedad digna de tal nombre. No el partido. No el Estado. No la ideología. No la burocracia. El individuo. Su conciencia. Su dignidad. Sus derechos inalienables. La función legítima del Estado consiste exclusivamente en proteger dichos derechos y garantizar que la libertad de cada persona encuentre su límite únicamente en la libertad de los demás. Cuando el Estado pretende dirigir la conciencia, moldear el pensamiento o sustituir la responsabilidad individual por la obediencia colectiva, deja de ser garante de la libertad para convertirse en amenaza contra ella.

Henry David Thoreau comprendió esta verdad con extraordinaria claridad. Cuando escribió que bajo un gobierno injusto el lugar del hombre justo puede ser también la cárcel, no estaba glorificando la confrontación ni el conflicto. Estaba recordándonos que existe una autoridad superior a cualquier gobierno: la conciencia. Ninguna ley injusta puede transformar la injusticia en justicia. Ninguna mayoría puede convertir el error en verdad. Ningún poder político puede sustituir la responsabilidad moral del individuo.

La regeneración democrática no comenzará en los parlamentos. Tampoco en los partidos. Ni en los despachos ministeriales. Comenzará cuando los ciudadanos recuperen la voluntad de pensar por sí mismos. Cuando abandonen las trincheras ideológicas que otros han construido para ellos. Cuando vuelvan a sentirse miembros de una comunidad humana antes que militantes de una facción. Cuando exijan verdad en lugar de propaganda, justicia en lugar de privilegios y responsabilidad en lugar de demagogia.

No necesitamos más ciudadanos obedientes, dóciles y dependientes de consignas fabricadas por partidos, gobiernos o medios de comunicación. Necesitamos hombres y mujeres libres, capaces de pensar por sí mismos, de distinguir la verdad de la propaganda y de asumir la responsabilidad de su propio destino. No necesitamos más poder concentrado en manos de élites políticas, burocráticas o económicas que se consideran dueñas de nuestras vidas. Necesitamos más control ciudadano sobre quienes administran temporalmente un poder que no les pertenece. No necesitamos nuevas formas de tutela disfrazadas de progreso, seguridad o solidaridad. Necesitamos recuperar la responsabilidad individual, el sentido crítico y la dignidad personal que hicieron posible las sociedades libres.

Ninguna institución es superior al ser humano. Ningún partido, ningún gobierno, ninguna ideología, ningún tribunal y ninguna administración poseen legitimidad propia al margen de los ciudadanos a quienes dicen servir. El Estado no es un fin en sí mismo. No es una divinidad moderna ante la que debamos inclinarnos. Es, o debería ser, una herramienta creada para proteger nuestros derechos y garantizar nuestras libertades. Cuando pretende convertirse en dueño de las conciencias, en árbitro de la verdad o en administrador de cada aspecto de la existencia humana, deja de servir a la libertad para convertirse en una amenaza contra ella.

El individuo no nació para servir al sistema. El sistema debería existir para servir al individuo. Sin embargo, hemos permitido que esa relación natural se invierta. Hemos aceptado que quienes deberían rendir cuentas se comporten como amos y que quienes deberían ser soberanos se comporten como súbditos. Hemos confundido ciudadanía con obediencia y democracia con sumisión periódicamente refrendada en las urnas.

Toda decadencia política comienza cuando el ciudadano renuncia a ejercer su libertad. Toda corrupción sistémica prospera cuando las personas honradas miran hacia otro lado. Toda oligarquía se fortalece cuando los hombres libres dejan de comportarse como tales. La historia no ha sido escrita por multitudes obedientes, sino por individuos capaces de defender su conciencia frente al poder, frente a la propaganda y frente al miedo.

Si queremos recuperar la libertad, debemos empezar por recuperar el valor de decir no. No a la mentira. No a la corrupción. No al abuso. No a la manipulación. No a quienes pretenden gobernar nuestras vidas como si fuéramos menores de edad incapaces de pensar por nosotros mismos.

El verdadero fundamento de una civilización nunca ha sido el poder, ni la riqueza, ni la fuerza de sus ejércitos. El verdadero fundamento de toda sociedad digna ha sido siempre la libertad de sus ciudadanos.

Las naciones no comienzan a morir cuando quiebran sus bancos ni cuando fracasan sus gobiernos. Comienzan a morir cuando los hombres y mujeres libres dejan de comportarse como tales. Cuando renuncian a pensar. Cuando aceptan la mentira por comodidad. Cuando toleran la corrupción por cansancio. Cuando delegan su conciencia en partidos, gobiernos o ideologías.

Todavía estamos a tiempo de rectificar. Pero la historia demuestra que las sociedades rara vez reconocen su decadencia mientras aún pueden evitarla. Casi siempre reaccionan cuando el daño ya es evidente. Cuando las libertades se han reducido. Cuando la corrupción se ha normalizado. Cuando las instituciones han perdido el respeto de quienes deberían protegerlas.

España no necesita más salvadores. Necesita ciudadanos.

Paz a todos.