España y la primera globalización: de Ceuta a Hispanoamérica

 

Mapa de la primera globalización llevada a cabo por España

Ceuta, Marruecos y una pregunta que va mucho más allá de una crisis fronteriza

José Manuel Fernández Outeiral

Lo ocurrido en Ceuta durante este verano de 2026 debería obligarnos a hablar de algo bastante más importante que la última polémica entre Gobierno y oposición. Más de 70.000 personas cruzaron desde Marruecos durante los acontecimientos del 30 y 31 de julio. España tuvo que afrontar simultáneamente una emergencia humanitaria, una crisis fronteriza y un problema de seguridad nacional en una ciudad de apenas 85.000 habitantes. Semanas después seguimos discutiendo qué sabía cada organismo, cuándo lo supo, quién recibió las advertencias y hasta qué punto podía haberse previsto la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir.

El Gobierno ha publicado cuarenta informes, alertas y comunicaciones procedentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI y el CIFAS correspondientes al mes de julio. Esos documentos permiten saber que existían informaciones sobre una presión creciente y convocatorias para intentar cruzar la frontera. Otra cuestión, todavía discutida, es si aquellos avisos permitían anticipar una entrada de las dimensiones que finalmente se produjo.

También continúa sin estar demostrada públicamente una intervención deliberada del Gobierno marroquí en los acontecimientos. Marruecos la niega. El Gobierno español tampoco atribuye oficialmente a Rabat la organización de la entrada masiva, mientras otras fuerzas políticas consideran que Marruecos tuvo responsabilidad, al menos por omisión.

Lo sucedido en Ceuta no debería conducirnos únicamente a preguntarnos qué falló durante aquellos dos días. Debería llevarnos a una cuestión bastante más profunda: ¿qué política exterior necesita España para defender sus intereses durante los próximos veinte o treinta años?

Ceuta no es solamente una frontera

Ceuta y Melilla no pueden ser consideradas únicamente problemas migratorios que deban administrarse desde el Ministerio del Interior. Son territorio español y, al mismo tiempo, frontera exterior de la Unión Europea, posiciones geoestratégicas en el norte de África, puntos de contacto con Marruecos y lugares donde confluyen seguridad, defensa, inmigración, comercio, relaciones internacionales y política europea.

Por eso resulta acertado que España haya llevado la cuestión a Bruselas y que pretenda reforzar el encaje europeo de ambas ciudades. La Unión Europea ha anunciado 114,7 millones de euros solicitados por España para reforzar la frontera y ayudar a recuperar la normalidad. Pero europeizar Ceuta y Melilla no significa trasladar a Bruselas una responsabilidad que corresponde en primer término a España. Europa debe estar allí porque Ceuta y Melilla forman parte de la frontera exterior europea. España debe estar allí porque son España.

Y eso, más que financiación, exige una estrategia.

Marruecos: cooperación sin subordinación

Marruecos es uno de los países más importantes para la política exterior española. Lo seguirá siendo gobierne quien gobierne en Madrid y gobierne quien gobierne en Rabat.

Compartimos frontera. Nos separan catorce kilómetros en el Estrecho. Tenemos intereses económicos, comerciales, migratorios, policiales, energéticos y de seguridad. La cooperación marroquí resulta fundamental para controlar las redes de tráfico de personas y la inmigración irregular, y España tiene igualmente mucho que ofrecer a Marruecos en sus relaciones económicas y en su vinculación con Europa. Precisamente porque esa relación es tan importante, no debería depender de improvisaciones, afinidades personales ni decisiones cuyo fundamento desconozcan los ciudadanos, llámese Pegasus o cualquier otra causa. Cooperar con Marruecos no significa subordinarse a Marruecos.

España debe mantener con Rabat una relación estable, intensa y mutuamente beneficiosa, pero también extraordinariamente clara. Ceuta y Melilla no son territorios cuya vinculación a España haya surgido como consecuencia de la colonización contemporánea de Marruecos ni restos territoriales obtenidos del Estado marroquí moderno. Sus trayectorias históricas son diferentes, pero ambas quedaron vinculadas a la Monarquía española siglos antes de la constitución del Marruecos independiente actual: Melilla fue incorporada a la Corona de Castilla en 1497, mientras Ceuta, conquistada por Portugal en 1415, permaneció vinculada a la Monarquía Hispánica y quedó definitivamente bajo soberanía española en el siglo XVII. Cuando Marruecos alcanzó su independencia en 1956, ambas ciudades llevaban siglos formando parte de la historia política española.

Esta realidad histórica no elimina, naturalmente, las reivindicaciones que Marruecos pueda formular, pero España no tiene por qué asumir como propia la premisa sobre la que Rabat pretende sustentarlas. Ceuta y Melilla son ciudades españolas, habitadas por ciudadanos españoles y plenamente integradas en el orden constitucional español. Su soberanía no puede convertirse periódicamente en una variable implícita de negociación bilateral, como tampoco la inmigración puede utilizarse como instrumento de presión entre Estados. España puede y debe mantener con Marruecos una relación de cooperación extraordinariamente estrecha; precisamente por la importancia de esa relación, debe hacerlo desde la claridad, la reciprocidad y el respeto mutuo, no desde la ambigüedad sobre la integridad de su propio territorio.

Si finalmente se demostrase que autoridades marroquíes facilitaron deliberadamente lo sucedido en Ceuta, España tendría que responder diplomáticamente y llevar la cuestión a la Unión Europea. Si no se demuestra, no deberíamos atribuírselo. Lo que sí debemos hacer en cualquiera de los dos casos es construir una frontera y una relación bilateral que no permitan que una crisis semejante vuelva a colocar a una ciudad española ante una situación de tal magnitud. La amistad entre países no consiste en evitar los desacuerdos. Consiste en disponer de relaciones suficientemente maduras para soportarlos.

El problema es mucho mayor que Marruecos

España lleva demasiado tiempo confundiendo política exterior con la sucesión de posiciones internacionales adoptadas por cada Gobierno. Naturalmente, todo Gobierno elegido democráticamente tiene derecho a establecer prioridades diferentes. Puede aproximarse más a unos países, modificar políticas de cooperación, defender determinadas posiciones dentro de la Unión Europea o interpretar de manera distinta algunos conflictos internacionales. Pero existen relaciones, alianzas e intereses nacionales cuya construcción necesita décadas y cuya pérdida puede producirse en pocos años. Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Marruecos, Argelia, Hispanoamérica, el Mediterráneo, el Sahel y las principales economías de Asia no aparecen y desaparecen con cada legislatura. La política exterior tampoco debería hacerlo. España necesita determinar cuáles son sus intereses permanentes y construir alrededor de ellos una política exterior de Estado suficientemente amplia para sobrevivir a la alternancia política. No significa impedir al Gobierno gobernar. Significa distinguir entre Gobierno y Estado y entre partido y Gobierno.

Europa no es nuestra política exterior: es también el lugar desde el que la ejercemos

La Unión Europea ocupa una posición singular. No constituye simplemente una relación exterior más porque España forma parte de ella. Nuestro objetivo no debería consistir en acudir a Bruselas cuando un problema ya se ha producido para pedir solidaridad, financiación o protección. Debemos participar mucho antes en la definición de las políticas europeas que acabarán afectándonos. Energía, industria, defensa, inmigración, fiscalidad, autonomía estratégica, comercio, agricultura, infraestructuras y relaciones con África se deciden cada vez más en un espacio europeo en el que quien llega tarde acaba aplicando decisiones en cuya elaboración apenas influyó. España debe abandonar una concepción reactiva de Europa. No necesitamos estar simplemente en Europa. Necesitamos pesar en Europa. Y nuestra posición geográfica proporciona instrumentos para hacerlo: somos fachada atlántica y mediterránea, puerta hacia África, conexión natural con Hispanoamérica, plataforma energética potencial para el continente y una de las grandes economías de la Unión.

Estados Unidos, Hispanoamérica, África y Asia

La relación con Estados Unidos debe construirse desde una cooperación estratégica estable, sin subordinación y sin antiamericanismos periódicos. Defensa, tecnología, comercio, seguridad, energía y la creciente presencia de la lengua española en la sociedad norteamericana ofrecen un espacio de relación mucho mayor que el estrictamente militar.

África debería convertirse en una prioridad permanente. El continente situado a pocos kilómetros de nuestras costas experimentará durante las próximas décadas una transformación demográfica, económica y geopolítica extraordinaria. Allí compiten ya China, Estados Unidos, Rusia, Turquía, los países del Golfo y las principales potencias europeas. España no puede limitar su política africana a gestionar las consecuencias migratorias de aquello que ocurre al otro lado del Mediterráneo.

Necesitamos empresas, inversión, infraestructuras, cooperación energética, formación, seguridad, relaciones universitarias y presencia diplomática. La inmigración irregular debe combatirse mediante control fronterizo, acuerdos de readmisión, persecución de las redes y cooperación con países de origen y tránsito, pero también creando intereses económicos compartidos que hagan de nuestra relación con África algo mucho más amplio que una política de contención.

Asia exige igualmente una presencia mayor. China, India, Japón, Corea del Sur y las economías del Indo-Pacífico no pueden continuar ocupando una posición secundaria en una estrategia exterior española que necesita diversificar mercados, inversiones, proveedores y cadenas de suministro. Pero existe un espacio en el que España dispone de una ventaja que ninguna estrategia de política exterior debería desperdiciar: Hispanoamérica.

Y para comprenderla necesitamos hablar, aunque sea por unas páginas, de nuestra propia historia.

Una historia que deberíamos conocer antes de salir al mundo

Lo que sigue no pretende introducir una lección de Historia en un artículo sobre política exterior. Los acontecimientos que recordaremos son únicamente los necesarios para explicar una contradicción que afecta directamente a la manera en que España se relaciona con otros países. Resulta difícil aspirar a tener presencia, autoridad e influencia cuando una parte de quienes nos representan parece desconocer la extraordinaria dimensión que España alcanzó durante siglos o aproximarse a ella desde un complejo que termina proyectándose sobre su comportamiento internacional. El pasado no concede privilegios en el presente. Pero ignorarlo tampoco proporciona ninguna virtud. Una nación que desconoce lo que fue difícilmente puede comprender todo lo que todavía representa.

Durante siglos España fue una de las grandes potencias mundiales y llegó a mantener una presencia política, económica, cultural y humana en Europa, América, África, Asia y Oceanía. Desde comienzos del siglo XVI, los territorios de la Monarquía quedaron conectados mediante rutas marítimas que atravesaban regularmente el Atlántico y el Pacífico, enlazando Europa con América y ésta con Asia. La plata americana, las manufacturas europeas, los productos asiáticos, las personas, las lenguas, las especies vegetales, los conocimientos y las ideas circularon a través de una red de intercambios cuya dimensión resulta difícil comprender desde las fronteras nacionales actuales. La Carrera de Indias y, posteriormente, el Galeón de Manila contribuyeron a establecer conexiones permanentes entre algunas de las principales áreas económicas del planeta y situaron a la Monarquía Hispánica entre los protagonistas fundamentales de aquella primera globalización.

También por eso resulta demasiado elemental una pregunta que continúa repitiéndose a ambos lados del Atlántico: si España extrajo durante siglos enormes cantidades de riqueza de América, ¿dónde está aquella riqueza?

Una parte salió de América, naturalmente. Los metales preciosos financiaron a la Corona, participaron en el comercio europeo, sirvieron para pagar guerras y deudas y, como veremos, atravesaron incluso el Pacífico hasta incorporarse a los grandes circuitos comerciales asiáticos. Negarlo tendría tan poco sentido como sostener que toda la riqueza producida en los territorios americanos fue enviada a la Península. Pero otra parte de la respuesta permanece físicamente ante nuestros ojos y, sobre todo, ante los de quienes viven en las antiguas ciudades de la América española. Está en las propias ciudades; en sus trazados urbanos y plazas; en universidades, hospitales, catedrales, iglesias, conventos, cabildos, audiencias, archivos, fortificaciones, caminos, puentes, acueductos, obras hidráulicas y edificios civiles; en las instituciones que fueron desarrollándose durante siglos y en un patrimonio artístico y cultural cuya extraordinaria dimensión continúa formando parte de la identidad de las naciones americanas actuales. Y, muchas de ellas, Patrimonio de la Humanidad.

Por eso, cuando se pregunta dónde quedó la riqueza generada durante aquellos siglos, una parte de la respuesta puede formularse de la manera más sencilla: miren alrededor.

Ese patrimonio es mexicano, peruano, colombiano, ecuatoriano, boliviano, argentino, chileno, cubano y de cada una de las naciones que lo heredaron. Pero precisamente por eso constituye también la demostración más visible de que la historia española en América no desapareció con las independencias. Quedó incorporada para siempre a la historia de esos países. Las ciudades, las universidades y los archivos siguen allí. Cinco siglos después, quizá sean el documento histórico más difícil de discutir.

Cuando América conectó con China

Contemplada desde los medios disponibles en los siglos XVI y XVII, la dimensión de aquella empresa resulta todavía más extraordinaria. Hombres que carecían de motores, comunicaciones instantáneas, satélites o sistemas modernos de predicción meteorológica consiguieron atravesar regularmente los mayores océanos del planeta, administrar territorios separados por distancias inmensas, trasladar personas, mercancías y conocimientos entre continentes y mantener durante generaciones algunas de las rutas comerciales más extensas conocidas hasta entonces. Uno de los ejemplos más expresivos, y probablemente menos conocidos por los propios españoles, se encuentra en la relación con China.

El descubrimiento del tornaviaje por Andrés de Urdaneta en 1565 y la posterior consolidación de Manila hicieron posible una comunicación marítima regular entre Asia y la América española. Durante cerca de dos siglos y medio, el Galeón de Manila o Nao de China mantuvo el gran puente transpacífico entre Manila y Acapulco. A Filipinas llegaban comerciantes chinos con sedas, porcelanas y otros productos asiáticos; desde América llegaba, sobre todo, la plata que la economía china demandaba en cantidades extraordinarias. Las reformas fiscales desarrolladas durante la dinastía Ming habían incrementado enormemente la importancia de ese metal precisamente cuando los territorios americanos de la Monarquía disponían de algunas de las mayores fuentes conocidas. La plata procedente de Nueva España y del espacio andino atravesó el Pacífico y terminó alimentando los mercados asiáticos. China, Filipinas, América y Europa quedaron vinculadas dentro de un circuito económico que trascendía las fronteras políticas de cualquiera de sus participantes.

El real de a ocho se convirtió en uno de los símbolos más extraordinarios de aquel mundo. Acuñado en distintas cecas de la Monarquía, entre ellas las grandes cecas americanas, circuló mucho más allá de sus fronteras y alcanzó una aceptación internacional que permite considerarlo uno de los primeros grandes instrumentos monetarios de alcance mundial.

Resulta difícil encontrar una imagen más expresiva de aquella primera globalización: plata extraída en América y acuñada dentro de la Monarquía podía atravesar el Pacífico, llegar a manos de comerciantes chinos e incorporarse a la economía de una de las mayores civilizaciones del planeta, mientras sedas, porcelanas y otros productos asiáticos recorrían el camino contrario hacia América y, desde allí, podían continuar hasta Europa.

No fue España la única protagonista. Participaron chinos, americanos, filipinos, portugueses y muchos otros pueblos. No necesitamos exagerar nada para reconocer lo extraordinario: la Monarquía Hispánica proporcionó algunas de las conexiones territoriales, marítimas y monetarias fundamentales que permitieron que economías situadas a distancias inmensas comenzaran a formar parte de un mismo sistema mundial.

Salamanca: cuando el poder empezó a preguntarse por sus límites

Aquella proyección tampoco fue exclusivamente territorial, marítima o económica. Mientras navegantes, comerciantes, soldados y funcionarios participaban en la construcción de aquel mundo, dentro de España se estaba produciendo una reflexión intelectual sobre los problemas jurídicos y morales que planteaba la propia expansión. Salamanca ocupa un lugar excepcional en esa historia.

La incorporación de nuevos pueblos y territorios planteó cuestiones para las que la Europa del siglo XVI no disponía de respuestas sencillas. Qué derecho tenía una potencia a conquistar otros pueblos, qué derechos conservaban sus habitantes, cuáles eran los límites del poder del vencedor, cuándo podía considerarse justa una guerra o si existían normas aplicables a las relaciones entre comunidades políticas diferentes fueron problemas discutidos en España mientras la expansión se estaba produciendo, no siglos después.

Francisco de Vitoria y los demás maestros de la Escuela de Salamanca sometieron a examen algunos de los fundamentos que podían invocarse para justificar el dominio sobre los pueblos americanos. Vitoria reconoció a los indígenas dominio sobre sus bienes y organización política propia y discutió los títulos que podían legitimar la intervención española. A partir de aquellas cuestiones, teólogos y juristas españoles reflexionaron sobre el derecho de gentes, los límites de la guerra, la soberanía, la propiedad, el comercio y las relaciones entre pueblos diferentes.

Sería excesivo atribuir a España en exclusiva la creación del Derecho Internacional moderno, resultado de una evolución intelectual mucho más amplia, pero sería igualmente absurdo borrar de su genealogía a quienes, desde Salamanca, formularon durante el siglo XVI algunas de las cuestiones que acabarían formando parte de él.

Existe incluso una contradicción profundamente reveladora. Una Monarquía que se encontraba en uno de los momentos de máxima expansión de su poder permitió que dentro de sus propias universidades se discutiera sobre los límites jurídicos y morales de ese mismo poder. Mientras unos españoles conquistaban territorios, otros discutían si tenían derecho a hacerlo; mientras se producían abusos en América, otros españoles los denunciaban ante la Corona; mientras comenzaba a formarse un mundo global, juristas y teólogos españoles intentaban determinar qué reglas debían gobernar las relaciones entre sus pueblos.

Cinco siglos después, aquella aportación continúa siendo reconocida internacionalmente. Durante su visita a España en junio de 2026, León XIV recordó ante las Cortes Generales la trascendencia de la Escuela de Salamanca y vinculó aquella reflexión con las responsabilidades universales que la expansión española había colocado ante la Monarquía. Que haya sido necesario escuchar nuevamente desde una tribuna de semejante relevancia lo que significaron Salamanca y sus maestros debería servir, al menos, para preguntarnos cuánto de nuestra propia historia conocen quienes representan hoy a España.

Ni leyenda negra ni leyenda rosa

Nada de lo anterior exige idealizar aquella época. La empresa fue realizada por hombres, no por ángeles. Hubo guerras, violencia, explotación, abusos y atrocidades; existieron comportamientos individuales y colectivos que hoy resultan moralmente inaceptables y existió también esclavitud, particularmente de población africana, cuyo tráfico llegó a ser autorizado y regulado por la propia Monarquía. Ocultarlo sería falsear la historia. Pero igualmente la falsearía proyectar esa realidad sobre toda la presencia española en América hasta presentar a los pueblos indígenas como poblaciones jurídicamente esclavizadas por España. No fue ése el principio sobre el que se construyó el orden americano.

Desde una época sorprendentemente temprana se planteó dentro de la propia Monarquía qué derechos correspondían a los habitantes originarios de los territorios incorporados a la Corona y qué límites debían imponerse a conquistadores, encomenderos y autoridades. Los indígenas fueron reconocidos jurídicamente como personas libres y vasallos de la Corona. Ese reconocimiento estuvo muy lejos de garantizar una igualdad efectiva, convivió con sistemas coercitivos de trabajo y fue innumerables veces vulnerado, pero su existencia resulta esencial para distinguir entre la naturaleza jurídica del sistema y los abusos cometidos dentro de él.

Las Leyes de Burgos de 1512, las Leyes Nuevas de 1542, la legislación indiana posterior, las audiencias, los juicios de residencia y las normas destinadas a limitar abusos muestran una Monarquía que intentaba regular la conducta de quienes ejercían poder a miles de kilómetros del centro político.

Las leyes no impidieron las injusticias. Hubo quienes las incumplieron, quienes utilizaron su posición para enriquecerse y quienes cometieron atrocidades; algunos fueron investigados, sometidos a juicio o sancionados por las propias instituciones españolas y otros consiguieron eludirlas. La existencia de una norma nunca demuestra por sí sola el comportamiento de una sociedad, como tampoco su incumplimiento convierte en inexistente el principio jurídico que aquella norma establece.

Esta distinción adquiere especial importancia cuando el modelo español se compara con otros procesos históricos. España tuvo esclavitud y participó en la trata africana. Lo que no hizo fue establecer como fundamento jurídico de su dominio americano la conversión de los pueblos indígenas conquistados en una población esclava.

En los Estados Unidos nacidos a finales del siglo XVIII, por ejemplo, la esclavitud formaba parte del orden jurídico y económico de varios Estados y condicionó incluso los compromisos sobre los que se construyó la Constitución federal; su abolición nacional no llegaría hasta 1865. La relación de los Estados Unidos con los pueblos indígenas seguiría, a su vez, una trayectoria diferente, marcada por guerras, tratados, desplazamientos, pérdida territorial, reservas y posteriores políticas de asimilación.

La comparación no pretende proclamar la superioridad moral de unos pueblos sobre otros. Sirve para impedir que procesos históricos diferentes sean presentados como si hubieran sido idénticos.

A comienzos del siglo XIX encontramos además una expresión particularmente significativa de aquella concepción transatlántica. La Constitución de Cádiz de 1812 proclamó que «la Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». Aquella afirmación no creó una igualdad moderna ni eliminó las diferencias jurídicas y sociales existentes, pero demuestra que, cuando la antigua Monarquía intentaba transformarse en Estado constitucional, la nación que las Cortes definían no terminaba en las costas de la Península.

Todo ello permite también situar en su contexto la denominada Leyenda Negra. Las grandes rivalidades políticas, religiosas y comerciales de la Edad Moderna convirtieron abusos españoles, muchos de ellos conocidos precisamente porque habían sido denunciados por los propios españoles, en instrumentos extraordinariamente eficaces de propaganda contra la Monarquía Hispánica. España no necesita responder a una leyenda negra construyendo una leyenda rosa. Necesita conocer su historia. Puede reconocer las injusticias cometidas por hombres de otra época y sentirse al mismo tiempo legítimamente orgullosa de una obra histórica de dimensiones extraordinarias. Orgullo no significa superioridad, del mismo modo que autocrítica no debería significar desprecio hacia uno mismo.

El problema aparece cuando salimos al mundo

Y aquí termina la digresión histórica, porque éste no es un artículo de Historia. Si hemos necesitado recordar todo lo anterior es porque existe una relación directa entre la conciencia que un país tiene de sí mismo y la manera en que se comporta ante los demás.

Durante varios siglos, generaciones de españoles, con una población, unos recursos materiales y unos medios técnicos que contemplados desde el presente engrandecen todavía más lo conseguido, fueron capaces de proyectarse sobre una parte inmensa del planeta, navegar regularmente dos océanos, conectar continentes, levantar ciudades que continúan existiendo cinco siglos después, crear instituciones duraderas, participar en la formación de un sistema económico mundial y contribuir a una reflexión jurídica sobre los derechos de los pueblos y los límites del poder. No se recuerda todo ello para vivir de una gloria pasada, sino para contraponer aquella formidable confianza colectiva con la inseguridad que demasiadas veces manifiesta la España contemporánea cuando actúa en el exterior.

Resulta desolador contemplar a representantes políticos españoles que parecen aproximarse a determinadas relaciones internacionales desde una posición de inferioridad previa, como si defender con firmeza los intereses nacionales fuese incompatible con la diplomacia o como si sentirse orgulloso de la propia historia constituyera una incorrección impropia de una democracia moderna. Esa actitud ha alcanzado en ocasiones a las más altas instituciones, incluida la propia Jefatura del Estado, cuya extraordinaria capacidad de representación internacional debería servir precisamente para transmitir continuidad histórica, seguridad y confianza en el país que representa.

No se pide al Rey, al presidente del Gobierno, a un ministro o a un embajador que recuerden a sus interlocutores lo que España fue hace quinientos años, y mucho menos que utilicen aquella historia para reclamar una posición de superioridad que resultaría absurda. Se les pide algo bastante más elemental: que sepan qué país representan y actúen en consecuencia.

Que conozcan su historia lo suficiente para no sentirse obligados a disculparse por ella en su conjunto; que sean capaces de reconocer sus errores sin aceptar caricaturas; que respeten profundamente a cualquier nación sin confundir respeto con subordinación y que comprendan que la cortesía diplomática no exige timidez en la defensa de los intereses españoles.

España debe tratar con el mismo respeto a cualquier Estado, cualquiera que sea su tamaño, riqueza o poder, porque la dignidad de las naciones no se mide por su producto interior bruto. Pero ese respeto debe ser recíproco. Una relación entre iguales comienza necesariamente por considerarse uno mismo igual.

Quien representa a una nación que hace cinco siglos mantenía comunicaciones regulares entre Europa, América y Asia; cuyos navegantes atravesaban los mayores océanos del planeta; cuya moneda circulaba en mercados situados a miles de kilómetros de la Península; que levantó ciudades, hospitales y universidades en otros continentes y que, al mismo tiempo, produjo en Salamanca una reflexión sobre los derechos de los pueblos y los límites del poder que continúa formando parte de la historia intelectual de Occidente, no necesita sentirse superior a nadie. Pero tampoco tiene ninguna razón para sentirse inferior.

La Hispanidad como política de futuro

Esta conciencia histórica tiene una consecuencia directa para la política exterior del siglo XXI. España no conserva un imperio ni debe añorarlo. Conserva algo potencialmente mucho más útil: una comunidad histórica y cultural formada por naciones independientes que comparten lengua, innumerables referencias culturales, vínculos humanos, intereses económicos y una parte sustancial de su historia.

La Hispanidad, entendida de este modo, no significa reconstruir ninguna relación de dependencia ni atribuir a España una posición jerárquica que ya no existe. México, Argentina, Colombia, Perú, Chile y las demás naciones hispanoamericanas son Estados soberanos con historias propias y la relación contemporánea sólo puede construirse entre iguales. Pero igualdad no significa indiferencia hacia una historia común. La lengua española, la literatura, las universidades, los intercambios empresariales, las migraciones en ambas direcciones, las relaciones familiares, la cultura, el patrimonio y las innumerables conexiones personales existentes entre ambos lados del Atlántico constituyen una red que numerosos países desearían poseer y que España no debería desperdiciar. A ello se suma la extraordinaria presencia del español en Estados Unidos y la capacidad potencial de nuestro país para actuar como vínculo entre Europa, Hispanoamérica y el espacio norteamericano de lengua española.

Existe así una paradoja que nuestra política exterior debe resolver. España afirma querer recuperar influencia en Hispanoamérica mientras una parte de su discurso público contempla con incomodidad el proceso histórico del que nació precisamente esa comunidad. No es posible convertir la Hispanidad en un espacio estratégico si comenzamos considerando su propia existencia como algo de lo que debemos disculparnos, del mismo modo que sería absurdo pretender reconstruir las relaciones políticas del siglo XVI. Ni arrepentimiento permanente ni nostalgia imperial ofrecen una política para el siglo XXI.

Lo que tenemos ante nosotros es algo diferente: centenares de millones de personas capaces de comunicarse en una misma lengua, sociedades que comparten una parte fundamental de su historia y un espacio cultural extendido por varios continentes. Muy pocos Estados disponen de un activo semejante.

Haber contribuido decisivamente a una de las primeras grandes globalizaciones de la historia no concede a la España actual ningún derecho especial sobre otros pueblos, pero sí le deja una responsabilidad y una oportunidad. La responsabilidad consiste en conocer y conservar esa herencia sin falsificarla; la oportunidad, en convertirla en relaciones económicas, universitarias, científicas, culturales, diplomáticas y humanas capaces de multiplicar nuestra presencia internacional.

Una política exterior profesional

Nada de lo anterior funcionará si la política exterior continúa dependiendo excesivamente de la improvisación política. España necesita una diplomacia profesional y una acción exterior organizada en torno a cuatro grandes capacidades: definición estratégica, ejecución diplomática, diplomacia económica y protección consular.

El ministro de Asuntos Exteriores debería ser un diplomático de carrera con experiencia real en política exterior, conocimiento profundo de Europa y del espacio atlántico, capacidad negociadora y prestigio profesional. La dirección del Ministerio necesita continuidad suficiente para que la política exterior no tenga que comenzar de nuevo cada vez que cambia el Gobierno.

Las embajadas tampoco deberían limitarse a la representación institucional. Deben identificar oportunidades económicas, ayudar a las empresas españolas a entrar en nuevos mercados, detectar barreras regulatorias, atraer inversión y convertirse en una verdadera red internacional de información económica y estratégica. Y deben recordar que representar a España significa también atender, dentro de sus competencias, a los españoles que viven, trabajan o mantienen intereses legítimos en esos países.

No hablo solamente desde la teoría. He tenido intereses económicos en un país africano y conozco personalmente la sensación de abandono que produce acudir, ante un problema serio, a la representación diplomática de tu propio país y encontrar indiferencia. No esperaba que la embajada resolviera un problema privado ni que obtuviera privilegios para mí; esperaba interés, orientación y la sensación elemental de que detrás de un ciudadano español en el extranjero existe un Estado dispuesto, al menos, a escucharlo. Mi experiencia fue exactamente la contraria.

Una situación semejante no debería depender de la personalidad o diligencia del embajador de turno. Entre las funciones evaluables de nuestras embajadas debe figurar también el servicio efectivo que prestan a los ciudadanos, profesionales y empresas españolas. Defender los intereses económicos legítimos de nuestros nacionales no desnaturaliza la función diplomática; forma parte de ella, como demuestra la importancia que otros países europeos conceden desde hace tiempo a su diplomacia económica. Una buena representación exterior debe conseguir que un español, aunque tenga que resolver por sí mismo sus problemas particulares, nunca sienta que su país se ha olvidado de que está allí.

La política consular requiere, por su parte, digitalización, simplificación y medios humanos suficientes. Millones de españoles viajan, trabajan, estudian o residen fuera del país y una administración exterior moderna debe ser capaz de atenderlos con rapidez cuando realmente la necesitan.

Las comunidades autónomas, empresas, universidades y otras instituciones pueden y deben desarrollar relaciones internacionales dentro de sus competencias, pero la acción exterior del Estado necesita coordinación. España no puede presentarse ante un mismo interlocutor extranjero mediante estrategias públicas contradictorias.

Lo que haría en los primeros cien días

Una nueva política exterior no debería comenzar escribiendo otro documento destinado a un cajón. Comenzaría con una auditoría completa del servicio exterior: embajadas, consulados, organismos económicos, distribución geográfica de recursos, nombramientos, capacidad consular, diplomacia económica y presencia en aquellos países que serán estratégicos durante las próximas décadas.

A continuación, pondría en marcha un proceso de profesionalización diplomática y revisaría los nombramientos políticos para garantizar que la representación exterior responda prioritariamente a criterios de competencia y experiencia, no a criterios de servilismo político.

Crearía una coordinación permanente entre Presidencia del Gobierno y Asuntos Exteriores en la que participasen, según las materias, Economía, Defensa, Interior, Energía e Industria. La política exterior contemporánea ya no cabe dentro de un solo ministerio. Durante esos primeros cien días deberían realizarse visitas estratégicas a Bruselas, Washington, París y Berlín y a los principales países de Hispanoamérica, reactivando relaciones que necesiten atención política y definiendo posiciones españolas concretas en energía, industria, fiscalidad, seguridad y defensa dentro de la Unión Europea. Pondría en marcha un Plan de Diplomacia Económica, una reforma urgente del sistema consular, un Plan África y una Estrategia de la Hispanidad.

Y comenzaría la elaboración de una nueva Ley de Acción Exterior del Estado capaz de proporcionar continuidad institucional a todo el sistema, acompañada de un mecanismo de evaluación del servicio exterior que permita saber qué embajadas y políticas producen resultados, dónde estamos perdiendo influencia y qué debemos corregir. Porque tampoco aquí basta con diseñar una estrategia. Hay que comprobar si funciona.

Volvamos a Ceuta

Después de este largo recorrido podemos regresar al lugar por el que empezamos. Ceuta ha puesto delante de nosotros, de manera dramática, varios problemas que normalmente contemplamos por separado: inmigración, Marruecos, África, fronteras, seguridad, inteligencia, Unión Europea, diplomacia y capacidad del Estado para anticiparse. Nuestro mayor error sería resolver la emergencia y volver después a la normalidad anterior.

Necesitamos averiguar exactamente qué ocurrió los días 30 y 31 de julio. Debe conocerse qué información recibió cada organismo, quién la transmitió, qué decisiones se adoptaron y cuáles no, y por qué. Si hubo errores, deben identificarse. Si existieron negligencias, deberán determinarse las responsabilidades correspondientes, no solo políticas, sino penales. Si la magnitud de la crisis era realmente imprevisible con la información disponible, también debemos ser capaces de reconocerlo. Y debemos esclarecer, con inteligencia y pruebas y no mediante consignas partidistas, cuál fue exactamente el comportamiento de Marruecos. Pero después hay que hacer algo mucho más difícil: aprender.

Reforzar Ceuta y Melilla. Integrarlas plenamente en la estrategia europea de fronteras y seguridad. Establecer protocolos que permitan reaccionar a tiempo ante concentraciones extraordinarias. Mantener con Marruecos una cooperación estrecha pero basada en reciprocidad. Construir una política africana que vaya mucho más allá de la inmigración. Recuperar presencia en Hispanoamérica. Reforzar nuestra posición en Washington, Bruselas y las grandes capitales europeas. Mirar hacia Asia. Convertir nuestras embajadas en instrumentos de influencia política y económica. Y proporcionar a nuestra diplomacia una continuidad que sobreviva a los Gobiernos. Todo ello exige algo que no cuesta dinero. Necesita saber quiénes somos. España no necesita recuperar la potencia imperial que fue ni comportarse ante otros países como si todavía lo fuera. Aquella época terminó y no volverá, pero tampoco necesita presentarse ante el mundo acomplejada por haberla protagonizado.

Podemos reconocer nuestros errores históricos sin permitir que ellos definan toda nuestra historia. Podemos tratar con respeto a Marruecos sin subordinarnos a Marruecos. Podemos comprometernos con Europa sin esperar que Europa piense por nosotros. Podemos mantener una alianza estrecha con Estados Unidos sin renunciar a nuestros propios intereses. Podemos relacionarnos con Hispanoamérica como naciones iguales sin fingir que cinco siglos de historia compartida nunca existieron.

La política exterior empieza cuando una nación sabe qué intereses quiere defender, qué puede ofrecer a los demás y qué lugar aspira a ocupar entre ellos.

Este artículo desarrolla algunas de las ideas del capítulo dedicado a Asuntos Exteriores y Unión Europea de mi próximo libro Un modelo de Estado para el siglo XXI, concebido como continuación de ¿Qué hicimos mal? Cómo llegamos a necesitar un nuevo modelo de Estado para el siglo XXI.